Matar moscas a cañonazos; entrar como un elefante en una cacharrería; ponerle puertas al campo…

Cualquiera de estas populares expresiones sirve para resumir lo que el Gobierno pretende hacer con el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, y que obliga a Google, y otros agregadores, a compensar a los editores algunos editores por publicar sus contenidos sujetos a derechos de autor.

Una medida tan injusta como ineficaz que deja patente el deficiente conocimiento que tienen nuestros gobernantes en materia digital, al tratar de adulterar y condicionar el principal ADN que mueve la red: los enlaces. Tratar de imponer una tasa a plataformas que promocionan y posicionan noticias va contra natura del propio medio Internet y solo podrán causar, a la larga, más problemas y desventajas que beneficios.

Pero no tratemos de echar la culpa únicamente al gobierno. En este despropósito de medida también hay otros responsables (y benefactores) directos: las grandes cabeceras mediáticas de este país, grandes grupos editoriales, que no han sabido ni han querido adaptarse al nuevo entorno de información que exige la sociedad digital, con modelos de negocio obsoletos y deficitarios que enquilosan una industria agonizante. Una industria incapaz de encontrar las soluciones a las que sí han llegado en otros mercados homólogos como el de la música.

Sus pataletas, rabietas, y en definitiva, su presión, parece funcionar en unos políticos seducidos por la idea de beneficiar a la misma prensa sobre la que tendrá más capacidad de influir a partir de ahora. Se puede decir más alto, pero no más claro.